En un audaz movimiento estratégico, BP anunció en 2020 su ambicioso plan de reducir la producción de petróleo y gas en torno a un 40% hasta 2030, como parte de una estrategia de lucha contra las emisiones y transición hacia fuentes de energía más sostenibles.
Sin embargo, la empresa ha experimentado recientemente un notable cambio de rumbo, revisando y reduciendo sus objetivos iniciales. BP prevé ahora una reducción del 25% de la producción de petróleo y gas para 2030. El cambio se produce después de un periodo en el que los precios de los combustibles fósiles se han disparado, lo que ha llevado a BP a anunciar unos beneficios anuales récord para 2022. Recientemente, Nestlé renunció a sus objetivos de neutralidad de carbono para algunas marcas, y Rio Tinto anunció que probablemente no alcanzará sus objetivos para 2030.
A medida que crece el impulso mundial hacia la sostenibilidad, los grupos de interés insisten en la importancia de los planes de transición de las empresas como herramienta clave para evaluar el impacto de su transición ecológica, como es el caso de BP. Esta necesidad era cada vez más urgente según nos acercábamos a la COP28 en Dubai, donde los líderes empresariales y políticos se enfrentaban a una presión cada vez mayor para acelerar el abandono de los combustibles fósiles y reducir las emisiones a la mitad en esta década.
Sin embargo, una investigación realizada por la consultora EY revela que apenas un 5% de los planes de transición de las compañías del FTSE 100 se consideran “creíbles”, lo que plantea dudas sobre el verdadero compromiso de estas empresas con la reducción de sus emisiones.
A pesar de que aproximadamente el 80% de las grandes compañías que cotizan en bolsa divulgan algún tipo de plan de transición, la falta de detalles suficientes pone de manifiesto la gran cantidad de trabajo que aún queda por hacer para trazar un camino completo hacia el cero neto.
Ante la falta de transparencia y la insuficiencia de los planes de transición, se vislumbran medidas reguladoras en el Reino Unido. El Gobierno está estudiando normas que obligarán a las grandes empresas a hacer públicos sus planes de descarbonización, indicando explícitamente cómo pretenden reducir sus emisiones y los costes asociados. Mientras tanto, la UE y Estados Unidos están introduciendo o proponiendo normas contables más estrictas.
La cuestión que se plantea es: ¿cómo pueden las empresas elaborar planes de transición climática creíbles y eficaces?
Uno de los principales obstáculos es la confianza de las empresas en previsiones demasiado optimistas sobre los costes del cambio climático. Por ejemplo, algunas grandes petroleras y gasistas han presentado la captura y almacenamiento de carbono (CAC) como una solución para mantener la producción de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, mitigar la contaminación por gases de efecto invernadero.
Sin embargo, a pesar de importantes inversiones y años de investigación, la CAC no ha estado a la altura de su potencial. Los elevados costes asociados a la implantación de esta tecnología han obstaculizado su despliegue a gran escala, limitando su impacto en las emisiones mundiales. Aunque EEUU está tomando medidas para incentivar la CAC a través de las desgravaciones fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación, depender en gran medida de tecnologías no probadas socava la credibilidad de los planes de transición. El consejero delegado de Rio, Jakob Stausholm, admitió recientemente: “Hay mucha tecnología que no existe y tiene que pasar por un embudo de I+D, y eso lleva mucho tiempo”.
Mientras tanto, las empresas de diversos sectores a menudo no realizan las inversiones necesarias para descarbonizar sus operaciones debido a la preocupación por la rentabilidad a corto plazo. Aunque las consecuencias a largo plazo del cambio climático, incluidos los posibles “activos inmovilizados”, pueden compensar los costes iniciales, los directivos, motivados por los bonus ligados a los beneficios o al precio de las acciones, suelen mostrarse reacios a tomar las medidas necesarias.
En consecuencia, muchos planes de transición carecen de sustancia y no se traducen en acciones significativas.
Otro factor que contribuye a la reticencia a dar prioridad a las estrategias climáticas es la incertidumbre que rodea a las previsiones económicas. Un informe del Instituto y la Facultad de Actuarios destaca cómo numerosas instituciones financieras subestiman los riesgos asociados al aumento de la temperatura, lo que impide prever con exactitud los costes económicos que conlleva.
Por ello, algunas empresas adoptan un enfoque de “wait and see“, prefiriendo pruebas concretas antes de comprometerse con la acción climática. Además, los retos macroeconómicos, como la inflación, la desaceleración económica y el aumento de las tensiones geopolíticas, pueden haber desviado la atención de las empresas a la crisis climática. Estas presiones externas complican aún más el desarrollo y la aplicación de planes de transición sólidos.
Además, las empresas que sí invierten en su transición climática pueden enfrentarse a la oposición de políticos de derechas y escépticos del sector que lamentan el “woke capitalism”, el capitalismo consciente o “despierto”, o a las empresas que priorizan la sostenibilidad frente a los beneficios a corto plazo. Esta reacción puede crear retos adicionales para las empresas que se esfuerzan por aplicar planes de transición eficaces y creíbles.
Para animar a las empresas a tomarse más en serio sus planes de transición, pueden emplearse varias estrategias.
En primer lugar, es necesaria una acción reguladora para abordar las preocupaciones sobre la competitividad regional. La aplicación de medidas como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE puede obligar a los importadores extranjeros a asumir la carga financiera de sus emisiones de carbono. Este mecanismo sirve para crear un entorno justo para las empresas europeas que ya están sujetas a impuestos sobre las emisiones como el Sistema de Comercio de Emisiones.
Estas herramientas pueden mitigar el temor al declive industrial debido a la “fuga de carbono”, cuando la producción se desplaza a regiones con impuestos sobre el carbono más bajos o inexistentes, como China, al tiempo que incentivan a las empresas a invertir en esfuerzos de descarbonización.
En segundo lugar, es esencial revisar las políticas de retribución de los altos directivos. Como ha informado I by IMD, los planes de retribución suelen incentivar la maximización de beneficios a corto plazo a expensas de los objetivos medioambientales. Alinear la remuneración de los ejecutivos con el impacto climático los anima a integrar la sostenibilidad en las estrategias empresariales.
En tercer lugar, los créditos fiscales a la I+D pueden desempeñar un papel importante en la lucha contra el cambio climático al fomentar las actividades de investigación y desarrollo centradas en las tecnologías limpias. Ofrecer incentivos financieros a las empresas dedicadas a la I+D de soluciones climáticas crea un entorno propicio para la innovación, avanzando en la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono.
Un plan integral de transición debe ir más allá de las emisiones directas (Alcance 1) y las emisiones indirectas derivadas de la energía adquirida (Alcance 2) para incluir las emisiones de Alcance 3. Estas se producen a lo largo de toda la cadena de valor, en las actividades previas (abastecimiento de materias primas) y posteriores (uso y eliminación de productos por parte de los consumidores).
La inclusión de las emisiones de Alcance 3 en el plan requiere la colaboración con proveedores, clientes y otros grupos de interés para aplicar estrategias de reducción de emisiones, como la optimización de la cadena de suministro y el diseño de productos sostenibles.
Para alcanzar los objetivos medioambientales, un plan de transición sólido también debe tener en cuenta la necesidad de compensar las emisiones de carbono. En los casos en que los avances hacia los objetivos climáticos son lentos, la compensación permite a las empresas compensar las emisiones restantes apoyando proyectos que reducen o eliminan carbono de la atmósfera. Este planteamiento ayuda a alcanzar un estado neto cero equilibrando las emisiones con reducciones equivalentes en otros lugares.
Además, la integración de la tarificación interna del carbono en un plan de transición puede ser una herramienta para cambiar el comportamiento y las decisiones de inversión. Esta práctica voluntaria consiste en asignar un valor monetario a las emisiones dentro de las propias operaciones de una empresa, para alinear sus acciones climáticas con la mejora de los resultados financieros globales.
En definitiva, las empresas de todo el mundo siguen enfrentándose al reto de desarrollar planes de transición creíbles y alineados con los objetivos de reducción de emisiones en medio de la creciente crisis climática. Optimizando las estrategias, las empresas no solo pueden mejorar la credibilidad de estos planes, sino contribuir a un futuro más sostenible.
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