
by José Caballero Published May 5, 2026 in Spanish Articles • 8 min read
A medida que el centro de gravedad geopolítico se desplaza y las potencias intermedias ganan peso estratégico, su influencia dependerá cada vez menos de la ambición y cada vez más de la capacidad de ejecución. Pero transformar las oportunidades globales en prosperidad duradera exigirá algo más: la voluntad —y la capacidad— de corregir debilidades estructurales enquistadas desde hace décadas.
Brasil es una de esas economías que se resisten a las lecturas simples. Es la mayor economía de América Latina y el Caribe, alberga empresas de primer nivel, cuenta con mercados de capitales de notable profundidad y registra una producción científica que supera con claridad a la de sus pares regionales. Y, sin embargo, en el informe IMD Latin America and Caribbean Prosperity Rating 2026, el país obtiene una calificación general de B1: un resultado de nivel intermedio, sólido, pero poco destacable, que queda claramente por debajo de lo que su escala y capacidad productiva harían prever.
Entender por qué no es cuestión de un solo factor. La respuesta reside en una condición estructural que el informe denomina ”desalineación entre pilares”: una paradoja en la que fortalezas extraordinarias en un ámbito conviven con debilidades severas en otros, impidiendo que las primeras desplieguen todo su potencial.
El informe analiza 78 indicadores distribuidos en cuatro dimensiones: desafíos económicos, gobernanza e instituciones, dinámica directiva y empoderamiento social.
En el caso de Brasil, ninguna de esas dimensiones logra, por sí sola, conducir hacia una prosperidad sostenida. Para los ejecutivos que ya operan en el país o se plantean entrar en él, esta desalineación no es un hallazgo analítico abstracto: es la realidad estratégica central del mercado.
La debilidad de la gobernanza y de las instituciones brasileñas sitúa al país entre los peores desempeños institucionales de toda la región.
Según el informe, la precaria situación de la gobernanza y las instituciones de Brasil lo sitúan entre los países con peor desempeño institucional de toda
la región.
Brasil ocupa el primer puesto entre los 34 países de América Latina y el Caribe en tamaño total de la fuerza laboral, gasto en I+D como porcentaje del PIB y número total de artículos científicos publicados en revistas, libros y congresos. Es una base excepcional para sostener un crecimiento intensivo en conocimiento.
También ocupa el segundo lugar en número de empresas nacionales cotizadas —con 331 compañías presentes en los mercados públicos— y logra una de las puntuaciones más sólidas de la región en capitalización bursátil. Su dinámica directiva es una de las dos más fuertes de toda América Latina y el Caribe. Su capacidad productiva, profundidad financiera y sofisticación empresarial alcanzan un nivel que pocos países de la región pueden igualar.
Y no se trata de ventajas marginales. Son el fruto de décadas de inversión institucional en capacidades productivas y de un sector privado que ha forjado una competitividad global genuina en ámbitos que van desde el agronegocio hasta las fintech.
La otra cara del relato es mucho menos alentadora. La fragilidad de la gobernanza y de las instituciones coloca a Brasil entre los peores desempeños institucionales de la región. El saldo presupuestario del gobierno se sitúa en el -8,4% del PIB y la deuda pública total alcanza el 91,4% del PIB, ambas entre las cifras más elevadas del ámbito regional. A eso se suma que los pagos de intereses absorben el 30,8% de los ingresos públicos, lo que deja un margen fiscal muy reducido para canalizar recursos hacia la inversión productiva.
La puntuación de Brasil en el índice de Estado de derecho —0,5— lo sitúa en el puesto 16. Aunque los niveles de corrupción aparecen como moderados en términos comparativos regionales, siguen siendo superiores a lo que cabría esperar para un país de su nivel de renta. No son grietas superficiales: son fallas estructurales en el entorno institucional que erosionan, de manera sistemática, las condiciones necesarias para convertir el potencial económico en prosperidad compartida.
Las fortalezas que sostienen el dinamismo directivo de Brasil son reales, pero están estrechamente concentradas. Los déficits de gobernanza, en cambio, se proyectan sobre el conjunto de la economía.
Las fortalezas que impulsan el dinamismo gerencial de Brasil son reales, pero están muy concentradas, y los déficits de gobernanza que sustentan su débil gobernanza y calificación institucional afectan a toda la economía.
Es tentador tratar la debilidad institucional de Brasil como un coste conocido y, por tanto, manejable de hacer negocios; como si ese descuento ya estuviera descontado en cualquier decisión de inversión. El informe sugiere que ese enfoque se queda corto.
La desalineación entre pilares no se limita a añadir riesgo a operaciones puntuales. Lo que hace es imponer un techo estructural sobre los resultados agregados, condicionando el entorno operativo de todas las empresas, con independencia de su tamaño o del sector en el que compitan.
En la práctica, esto significa que el brillante dinamismo directivo de Brasil está impulsado, en buena medida, por un número relativamente reducido de grandes empresas sofisticadas, concentradas en finanzas, agronegocio, energía y tecnología. El panorama productivo más amplio, sin embargo, sigue siendo profundamente heterogéneo.
Las pymes, que representan más de la mitad del empleo formal en Brasil, operan con una productividad notablemente menor, capacidades directivas más limitadas y un acceso más restringido a la financiación de largo plazo. Esto pone de manifiesto restricciones estructurales persistentes tanto en la organización empresarial como en el acceso al crédito. El mismo sistema financiero que sostiene unos mercados de capitales de gran profundidad cobra a las empresas pequeñas costes de financiación sustancialmente más altos: los tipos de interés para las pymes pueden más que duplicar los que se aplican a las grandes corporaciones.
Algo similar ocurre con la innovación. El mismo entorno institucional que hace posible la excelencia científica de Brasil no logra traducir ese conocimiento en una difusión amplia y sostenida. En otras palabras: las fortalezas que explican el dinamismo directivo del país son reales, pero están concentradas en espacios acotados; los déficits de gobernanza que explican su débil desempeño institucional, en cambio, afectan al conjunto.
Para los ejecutivos, este entorno tiene dos implicaciones de primer orden.
La primera es que el riesgo institucional recae con más fuerza sobre quienes están peor preparados para absorberlo. Las grandes empresas bien posicionadas, con equipos jurídicos consolidados, relaciones regulatorias establecidas y capital político, pueden operar dentro de la complejidad institucional brasileña con relativa eficiencia. Los nuevos entrantes de menor tamaño, las firmas extranjeras sin redes locales profundas y las empresas de sectores con alta exposición regulatoria afrontan costes de transacción mucho más elevados, plazos más largos para la resolución de contratos y una mayor incertidumbre sobre la aplicación efectiva de las normas.
La segunda es que la posición fiscal de Brasil limita de manera significativa el margen de actuación para corregir sus propias debilidades estructurales. Con una deuda pública superior al 91% del PIB y pagos de intereses que absorben cerca de un tercio del gasto público, los recursos disponibles para invertir en infraestructuras, mejorar la calidad de la educación o avanzar en inclusión social son, sencillamente, insuficientes.
El desempeño de Brasil en empoderamiento social dentro del índice refleja con precisión esa restricción. A pesar de alcanzar un nivel relativamente moderado en desarrollo humano y de contar con una infraestructura digital sólida, la desigualdad socioeconómica sigue siendo de las más acusadas de la región, con un coeficiente de Gini de 51,6. Además, las mujeres ocupan solo el 17,5% de los escaños parlamentarios, una de las cifras más bajas de América Latina y el Caribe, y el país muestra un desempeño débil en el índice de desigualdad de género.
No son cuestiones sociales periféricas. Son restricciones que afectan directamente al tamaño y la calidad de la fuerza laboral, a la profundidad de la demanda interna y a la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo.
El informe ofrece a los ejecutivos una herramienta para replantear la situación, en lugar de un simple conjunto de puntuaciones de riesgo.
Más que una batería de puntuaciones de riesgo, el informe ofrece a los ejecutivos una herramienta para replantear su lectura del mercado.
La desalineación entre pilares en Brasil obliga a superar el análisis puramente sectorial y a considerar cómo interactúan, en cada contexto operativo concreto, las dimensiones institucional, directiva y social. Una estrategia de entrada que parece robusta bajo supuestos de gobernanza estable puede revelar su fragilidad cuando aumenta la presión fiscal, cambia el entorno regulatorio o la desigualdad social alimenta la volatilidad política.
Que las fortalezas de Brasil perduren —sus mercados de capitales, su base científica, la sofisticación productiva de sus sectores líderes— dependerá en gran medida de si las condiciones de gobernanza e institucionalidad mejoran con el tiempo. Sin consolidación fiscal, sin un fortalecimiento del Estado de derecho y sin una inclusión social más amplia, el techo estructural identificado por el informe seguirá limitando el alcance de cualquier avance.
En ese escenario, las extraordinarias capacidades productivas del país seguirán conviviendo con una fragilidad institucional persistente, reproduciendo la misma paradoja que hoy se refleja en su posición intermedia en prosperidad.
Para los ejecutivos, la implicación estratégica es nítida. Brasil recompensa a quienes comprenden sus incongruencias estructurales: dónde se encuentran sus fortalezas reales, dónde se acumulan los costes institucionales y por qué la distancia entre unas y otros define el verdadero mapa de riesgos de uno de los mercados emergentes más decisivos del mundo.

Economista sénior en el Centro de Competitividad Mundial del IMD
José Caballero lidera el equipo de investigación del IMD World Competitiveness Center en el desarrollo e implementación de nuevos modelos de evaluación de la competitividad. Sus intereses de investigación se centran en las fuentes de la competitividad de los países y, más específicamente, en la competitividad de las empresas. Es también experto en economía política de América Latina.
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